DetalleNoticias
La justicia europea define los límites del concepto de perjudicado en seguros
Seguro de automóvil y cesión de créditos
Introducción: un conflicto sobre indemnizaciones
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que la normativa comunitaria sobre el seguro obligatorio de vehículos no impide que una persona que ha sufrido un accidente de tráfico ceda su derecho a recibir una indemnización a otra entidad. El caso surge en Polonia, donde varios conductores, tras recibir una compensación de las aseguradoras, consideraron que esta no cubría completamente los daños sufridos y vendieron sus créditos a empresas dedicadas a su reclamación.
Qué dice la normativa europea
La Directiva europea sobre seguros de automóviles tiene como objetivo proteger a las víctimas de accidentes y garantizar que exista un seguro obligatorio que cubra los daños causados por la circulación de vehículos. El concepto clave es el de “perjudicado”, que se refiere a la persona que sufre directamente el daño.
El Tribunal aclara que las empresas que compran los derechos de indemnización no pueden ser consideradas perjudicadas, ya que no han sufrido el accidente ni el daño original. Su derecho nace únicamente del contrato de cesión firmado con la víctima.
La cesión del crédito es válida
El TJUE destaca que la normativa europea no regula cómo se pueden ceder los créditos ni quién puede reclamarlos ante los tribunales nacionales. Esto significa que cada país puede permitir o no este tipo de operaciones.
En este caso, la cesión del crédito es válida si el Derecho nacional lo permite, y las empresas que adquieren estos derechos pueden reclamar judicialmente a las aseguradoras en nombre propio. Sin embargo, no adquieren la condición de víctima del accidente.
Consecuencias prácticas
La decisión abre la puerta a que empresas especializadas compren derechos de indemnización para reclamarlos posteriormente. Esto puede facilitar a las víctimas obtener una compensación inmediata sin esperar un proceso judicial largo, aunque también supone un mayor control judicial sobre estas prácticas en cada Estado miembro.